Novedades de la Ley de Segunda Oportunidad 2026: Lo que dejó el Congreso Europeo

La Ley de Segunda Oportunidad ha sido un apoyo en la reestructuración de deudas para particulares y autónomos en España. 

Con la actual reforma, impulsada por los debates y acuerdos del Congreso Europeo sobre Insolvencia, se han introducido cambios que afectan a los procedimientos de exoneración y reestructuración de deudas.

En este artículo de FusterGüell, analizaremos las principales novedades, su impacto en empresarios y cómo afectan al plan de pagos de la Segunda Oportunidad. 

Lo esencial de la Ley de Segunda Oportunidad en 2026

La Ley de Segunda Oportunidad avanza en dos planos en el último año: por un lado, sigue vigente la reforma de 2025; por otro, el Tribunal Supremo ha fijado en 2026 un criterio nuevo sobre cómo se aplica frente al crédito público. 

De todo ello, esto es lo que más cambia para empresarios y autónomos:

Novedad	Qué significa en la práctica
El límite de exoneración de deuda pública se calcula por acreedor, no en conjunto	Hasta 10.000 € exonerables por cada organismo (Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento…), no 10.000 € en total
Los intereses y recargos de la deuda pública sí pueden exonerarse por completo	Al margen del límite anterior, siempre que se clasifiquen como crédito subordinado
Una derivación de responsabilidad ya no cierra la puerta de forma automática	La Administración debe acreditar mala fe o fraude para poder excluir al deudor
El plan de pagos y la protección de la vivienda habitual siguen vigentes	Se puede evitar la liquidación total del patrimonio, negociando condiciones más flexibles

Si tu situación es urgente o tienes deudas con Hacienda, la Seguridad Social o entidades bancarias, en FusterGüell puedes consultar los servicios de derecho concursal y Segunda Oportunidad del despacho antes de tomar cualquier decisión.

La reforma de la Ley de Segunda Oportunidad: base normativa vigente 

El Congreso Europeo sobre Insolvencia y Reestructuración de Deuda, celebrado en Bruselas, sirvió de marco para definir las bases de la nueva Ley Concursal. 

Como resultado, la Ley de Segunda Oportunidad en España ha sido modificada para alinearse con la normativa europea de cancelación de deudas.

Algunos de los cambios más relevantes incluyen:

1. Exoneración de deudas con Seguridad Social y Hacienda

Históricamente, las deudas con organismos públicos, como la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, no eran completamente exonerables.

Una de las principales reivindicaciones de los afectados por insolvencia era la inclusión de las deudas con organismos públicos en el procedimiento de exoneración. Con la nueva ley:

• Se amplía la posibilidad de cancelar deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, con un límite de hasta 10.000 euros exonerables por cada acreedor público (5.000 € exonerados al 100 % y el 50 % del resto). Además, tras la doctrina del Tribunal Supremo de 2026, los intereses y recargos asociados a estas deudas (cuando se clasifican como crédito subordinado) pueden exonerarse sin sujetarse a ese límite.
• Se eliminan ciertos requisitos previos que dificultan la solicitud de exoneración.
• Se facilita la reestructuración para autónomos con deudas fiscales.

2. Modificación del plan de pagos en la Segunda Oportunidad

El plan de pagos en la Ley de Segunda Oportunidad ha sido simplificado y flexibilizado. A partir de ahora, introduce cambios como:

• Reducción de la duración: el plazo estándar del plan de pagos contempla un plazo de 5 a 3 años, con el fin de agilizar el proceso de recuperación financiera para el deudor.
• Negociación fortalecida: se promueve una mayor interacción y acuerdos entre deudores y acreedores, facilitando soluciones más personalizadas y viables.
• Protección de bienes esenciales: se ha eliminado la obligatoriedad de liquidar todos los bienes personales antes de acceder a una exoneración parcial, permitiendo al deudor conservar activos fundamentales para su subsistencia y actividad económica.

3. Importancia del importe mínimo para acogerse a la ley

Otro cambio importante es la definición de un importe mínimo de deuda para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, el cual varía en cada caso:

• Personas físicas: deberán acumular deudas por un importe mínimo de 10.000 euros para ser elegibles.
• Autónomos: se facilita la reestructuración de deudas cuando estas superan los 25.000 euros, reconociendo las particularidades y riesgos asociados a las actividades empresariales individuales.

Impacto en empresarios y autónomos

Con esta reforma, llegan una serie de beneficios tanto para empresarios como para autónomos en algunos aspectos tales como:

Mayor seguridad jurídica en los procesos de cancelación de deudas

Con la nueva regulación, se establecen criterios más claros y predecibles, reduciendo la arbitrariedad en la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Antes de la reforma, el proceso concursal y el acceso a la exoneración de deudas estaban marcados por una falta de uniformidad en su aplicación, lo que generaba incertidumbre para los deudores.

Un mecanismo más accesible para recomenzar sin cargas financieras

Anteriormente, el acceso a la exoneración de deudas exigía la liquidación de todos los bienes del deudor, lo que desalentaba la solicitud de este mecanismo por el temor a perder su patrimonio.

Ahora, se permite la exoneración sin necesidad de liquidación total, mediante un plan de pagos más flexible. Esto facilita la recuperación económica y permite a los autónomos conservar herramientas para su actividad profesional.

Mayor protección ante embargos y ejecuciones judiciales

En la legislación previa, el deudor podía verse sometido a embargos incluso después de iniciar el proceso de reestructuración de deuda, prolongando su situación de vulnerabilidad.

Con la reforma, se refuerzan los mecanismos de protección contra ejecuciones mientras se tramita la cancelación de deudas, proporcionando un respiro financiero más efectivo.

Ley de Segunda Oportunidad 2026: la doctrina del Tribunal Supremo sobre el crédito público

La Ley de Segunda Oportunidad 2026 es, sobre todo, sinónimo de un cambio de criterio judicial: el 18 de febrero de 2026, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó un bloque de sentencias (SSTS 254, 259, 260, 261, 262, 263 y 264/2026) que fija, por primera vez, doctrina unificada sobre cómo debe tratarse el crédito público en la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI). 

No se trata de una reforma legal, la ley no ha cambiado desde 2022, sino de una interpretación vinculante que resuelve años de criterios dispares entre juzgados mercantiles.

Estas sentencias parten de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 7 de noviembre de 2024 (asuntos acumulados C-289/23 «Corván» y C-305/23 «Bacigán»), que ya había advertido que las restricciones nacionales a la exoneración de deudas públicas deben estar debidamente justificadas y respetar el principio de proporcionalidad. 

Como ya analizamos al hablar del pronunciamiento del TJUE sobre el perdón de deudas públicas a administradores de empresa, el TJUE dejó la puerta abierta a que los tribunales españoles revisaran caso por caso si el límite legal era o no compatible con el objetivo real de la norma.

Qué cambia exactamente:

El límite de 10.000 € se aplica por cada acreedor público, no por el total de deuda pública del deudor. 

La fórmula es: los primeros 5.000 € de cada crédito público se exoneran al 100 %, y del resto se exonera el 50 % hasta un máximo de 10.000 € exonerados por acreedor. Esto significa que si una empresa o autónomo debe, por ejemplo, a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social por separado, el cálculo se hace dos veces, una por cada organismo.

La exoneración ya no se limita a la AEAT y la Seguridad Social. El Supremo extiende el criterio a cualquier Administración pública acreedora: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas incluidos.

Los intereses, recargos y sanciones que tengan la consideración de crédito subordinado sí pueden exonerarse en su totalidad, sin sujetarse al límite de 10.000 €. En procedimientos con deudas públicas antiguas, donde los recargos e intereses suelen representar buena parte del importe total, esto tiene un impacto económico relevante.

La derivación de responsabilidad deja de ser un veto automático. Antes, bastaba con que Hacienda o la Seguridad Social hubieran derivado una deuda a un administrador para excluirlo de la exoneración. Ahora, la Administración debe acreditar que esa derivación responde a una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave; si no lo consigue, la derivación por sí sola no impide acogerse a la ley.

Mayor exigencia de identificación de las deudas. El Supremo obliga a que la resolución judicial especifique con precisión qué créditos quedan exonerados y en qué cuantía, ya no vale una exoneración genérica ni «en bloque».

Para empresarios y autónomos con deudas derivadas de la actividad de su negocio, este bloque de sentencias representa el desarrollo jurisprudencial más relevante desde la reforma de la Ley Concursal de 2022.

Comparación con la legislación anterior

Para entender el impacto de estas modificaciones, es útil revisar la evolución normativa:

Ley Concursal de 2003

La Ley 22/2003, de 9 de julio, conocida como Ley Concursal, estableció por primera vez en España un marco general y unificado para los procedimientos de insolvencia. Antes de su promulgación, la normativa sobre insolvencias estaba dispersa en múltiples normas, lo que generaba inseguridad jurídica.

Su principal objetivo fue dotar de coherencia y previsibilidad al proceso concursal, tanto para empresas como para personas físicas.

Sin embargo, la figura del deudor persona física quedó en un segundo plano, ya que el sistema priorizaba la satisfacción de los acreedores y la continuidad de la empresa antes que la rehabilitación del deudor insolvente.

No existía un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas, lo que impedía que pudieran liberarse de sus deudas en caso de insolvencia.

Ley de Segunda Oportunidad de 2015

Con la Ley 25/2015, de 28 de julio, se introdujo en el ordenamiento jurídico español el mecanismo de segunda oportunidad, inspirándose en modelos europeos como el francés o el alemán.

Esta reforma representó un primer paso para permitir que las personas físicas pudieran liberarse de sus deudas, pero con ciertas limitaciones.

Se estableció la posibilidad de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), permitiendo que ciertos deudores pudieran cancelar sus deudas tras un procedimiento concursal.

No todas las deudas podían ser exoneradas: las deudas con la Administración Pública (como Hacienda o la Seguridad Social) tenían restricciones, lo que limitaba la efectividad de la norma.

Reforma de 2022

• La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, supuso una reforma significativa del sistema concursal con el objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos:
• Se eliminó la obligatoriedad del acuerdo extrajudicial de pagos, facilitando el acceso directo a la exoneración.
• Se permitió la exoneración sin necesidad de liquidación del patrimonio del deudor, siempre que se cumplieran ciertos requisitos, favoreciendo la exoneración con plan de pagos.
• Se estableció un plazo más corto (tres años en lugar de cinco) para que los deudores cumplieran su plan de pagos y obtuvieran la exoneración total.
• Se introdujeron mejoras en la regulación de las microempresas y autónomos, otorgándoles procedimientos más accesibles y menos burocráticos.

A pesar de estos avances, seguían existiendo dificultades, especialmente en la exoneración de las deudas con organismos públicos.

Reforma de 2025

La reforma de 2025 busca armonizar el marco legal español con la normativa europea, siguiendo las directrices de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitación. Entre los principales cambios destacan:

• Mayor acceso a la exoneración de deudas para empresarios y autónomos, facilitando un proceso más rápido y menos costoso.

• Reducción de plazos para la obtención de la exoneración definitiva, alineándose con los modelos europeos más eficientes.

• Eliminación de trabas administrativas que ralentizaban el procedimiento, permitiendo que más personas puedan beneficiarse del sistema de segunda oportunidad sin obstáculos innecesarios.

• Flexibilización de la exoneración de deudas públicas, lo que supone un avance significativo para quienes acumulaban deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

• Impulso de procedimientos digitales, con el objetivo de hacer el proceso más accesible y transparente para los solicitantes.

Pasos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en 2026

Si estás considerando acogerte a este mecanismo, estos son los pasos que debes seguir.

1. Evaluar la situación financiera

Antes de iniciar el procedimiento, se debe analizar la situación económica (ya sea personal en el caso de un autónomo, o empresarial) para determinar si se cumplen los requisitos de insolvencia. Algunos puntos a revisar son:

• Existencia de deudas impagadas y vencidas.

• Imposibilidad real de afrontar las obligaciones financieras con los ingresos actuales.

• Ausencia de patrimonio suficiente para liquidar las deudas.

2. Reunir la documentación necesaria

Para presentar la solicitud de insolvencia, es imprescindible contar con documentación que respalde la situación financiera, que pueda certificar su estado. Estos documentos son:

Certificados de deuda:

• Agencia Tributaria (Hacienda).

• Seguridad Social.

• Bancos y entidades financieras.

• Proveedores y otros acreedores.

Pruebas de ingresos y gastos:

• Nóminas, facturas o cualquier documento que acredite ingresos regulares.

• Extractos bancarios recientes.

• Gastos fijos (hipoteca, alquiler, suministros, manutención).

Contratos de préstamos y obligaciones financieras:

• Préstamos personales o hipotecarios.

• Tarjetas de crédito.

• Financiaciones o leasing.

3. Presentar la solicitud ante el Juzgado Mercantil

A partir de este año, el procedimiento se ha simplificado y se gestiona a través del Juzgado Mercantil correspondiente al domicilio del deudor. Parte de esta simplificación consta de:

• Se puede solicitar directamente la exoneración de deudas o acogerse a un plan de pagos.

• Se ha reducido el tiempo de resolución, facilitando respuestas más rápidas.

• Es obligatorio presentar un informe detallado sobre la situación económica del deudor.

4. Negociación con acreedores y plan de pagos

En caso de que el deudor tenga cierta capacidad de pago, es posible negociar un plan de reestructuración de deuda. ¿Cuáles son las opciones?:

• Acuerdo extrajudicial: se intenta alcanzar un pacto con los acreedores antes de la intervención del juez.
• Plan de pagos: si se aprueba un plan de reestructuración, se establecerán condiciones más flexibles de pago basadas en la capacidad económica del deudor.
• Liquidación de bienes: en algunos casos, parte del patrimonio del deudor puede ser utilizado para reducir la deuda pendiente.

Si no se logra un acuerdo o el deudor no tiene recursos para asumir pagos, se puede solicitar directamente la exoneración total de las deudas.

5. Resolución del procedimiento y exoneración de deudas

Una vez evaluada la situación, el juzgado emitirá una resolución. A partir de allí, se abren dos caminos: 

Si se concede la exoneración definitiva:

• • El deudor queda libre de sus obligaciones económicas y puede reiniciar su actividad sin cargas.

• No podrá ser perseguido judicialmente por las deudas exoneradas.

• Se eliminarán registros de morosidad en los plazos establecidos por la ley.

Si se aprueba un plan de pagos:

• El deudor deberá cumplir con las condiciones acordadas para evitar futuras reclamaciones.
• Tras completar el plan, se podrá solicitar la cancelación definitiva de las deudas restantes.

Cómo se aplica en la práctica: ejemplos y actores del procedimiento

El papel del administrador concursal

En todo procedimiento de Segunda Oportunidad interviene un administrador concursal, un profesional designado por el juzgado que verifica la lista de acreedores, valora el patrimonio del deudor y elabora un informe sobre si concurren los requisitos de buena fe. 

Su papel ha cobrado más peso tras la doctrina del Supremo de 2026, que exige un control más riguroso de la información patrimonial aportada por el deudor.

Un ejemplo de cálculo con deuda pública

Para entender cómo se aplica en la práctica el límite de exoneración por acreedor público, un ejemplo ilustrativo: si una empresa acumula 18.000 € de deuda con la Agencia Tributaria y 9.000 € con la Seguridad Social, el cálculo se hace por separado:

• Agencia Tributaria (18.000 €): se exoneran los primeros 5.000 € al 100 % y el 50 % de los siguientes 5.000 € — es decir, hasta 7.500 € exonerados sobre esta deuda, quedando el resto sujeto a plan de pagos.
• Seguridad Social (9.000 €): se exoneran los primeros 5.000 € al 100 % y el 50 % de los 4.000 € restantes — hasta 7.000 € exonerados.

A esto se suman, si corresponde, los intereses y recargos clasificados como crédito subordinado, que pueden exonerarse en su totalidad al margen de este cálculo.

Este tipo de situaciones —deuda combinada con varios acreedores públicos— es habitual entre autónomos y pequeñas sociedades del Vallès Oriental, y es también el perfil que más se beneficia de la doctrina del Supremo de 2026, similar a casos ya resueltos con esta ley.

No postergues tus obligaciones legales

La evolución de la Ley de Segunda Oportunidad, reforzada por la reciente doctrina del Tribunal Supremo de 2026, supone una mejora significativa para deudores en España, alineándose con la Ley Europea de Cancelación de Deudas.

Esta legislación facilita una segunda oportunidad para quienes necesitan recomenzar sin deudas.

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